Moderniza la gestión de conservadores, notarios y archiveros judiciales

El proyecto de ley obliga en un plazo máximo de 2 años a notarios, y a todos los conservadores -sin limitarlos a lo conservadores de bienes raíces, con intención de incluir a los otros registros encomendados por leyes especiales como el registro de comercio, de aguas o minas, y archiveros judiciales-, en su carácter de auxiliares de la administración de justicia, a contar con un sistema informático (hoy seguramente una página web) que permita al público general acceder a los mismos servicios que si hubiere concurrido fiscamente al oficio respectivo. Ello por cierto obligará a los oficios a adoptar esos mecanismos o modificarlos de manera importante para mejorar el acceso de las personas a esos servicios. Así como la digitalización de los registros y demás documentos de consulta pública que resguardan esos auxiliares. Adicionalmente, en atención al mayor acceso y uso de la firma electrónica avanzada de la Ley Nº 19.799, sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificación de Dicha Firma, se ha estimado del caso otorgarle el carácter de escritura al documento suscrito por todos sus otorgantes sin que necesariamente deban recurrir a un Notario Público y sin las restricciones del artículo 404 del Código Orgánico de Tribunales, con tal que contengan las especiaciones mínimas del contrato que se celebra. Se ha evitado utilizar el concepto más genérico de instrumento público en atención a la exigencia del Código de Comercio respecto a la constitución de sociedades mercantiles o del propio Reglamento del Conservador de Bienes Raíces, así como tampoco nos hemos servido del término parte sino de otorgantes para significar que todos los comparecientes, incluyendo a terceros como testigos o avalistas, han de suscribir de la misma forma el instrumento de que se trate. Finalmente, el proyecto hace directamente aplicable las normas de la Ley Nº Nº 19.496, que Establece Normas sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, a los notarios, conservadores y archiveros, a los que otorga para esos efectos el carácter de proveedor. Ello permite, reconociendo la asimetría de información existente entre un abogado que ejerce una función pública y ha organizado una empresa para ello, y su usuarios, dotar a los segundos de los derechos que se reconocen en ese estatuto a los consumidores, fundamentalmente de información y de reparación.